UGT reclama una mejora de la Ley de Empleo para acabar con el drama de las personas en paro de larga duración

paro enero 2015 ugt desempleo

Según los datos de la EPA, 1,5 millones de personas llevan más de un año buscando un empleo y más de 600.000 lo hacen desde hace más de cuatro años. Para UGT, es imprescindible mejorar esta ley para impulsar unas políticas activas de empleo más eficaces, que se adapten a la realidad específica de cada persona y lograr una rápida reinserción laboral

La Unión General de Trabajadoras y Trabajadores denuncia que, a pesar de los excelentes datos de paro registrados mes a mes, fruto de la reforma laboral negociada por los agentes sociales y el Gobierno en 2021, las personas en paro de larga duración continúan viviendo un drama en nuestro país. Personas que no están bajo el amparo de esta reforma, ya que se mantienen fuera del sistema laboral, y que, según los datos de la EPA del primer trimestre del 2022, se contabilizaban en 1.504.200 personas que llevaban más de un año buscando empleo, mientras que 613.498 llevaban más de cuatro años.

Se trata de una cifra alarmante, sobre todo si tenemos en cuenta que, según la última Encuesta de Condiciones de Vida (2021), hasta un 58,6% de las personas desempleadas se encuentra en riesgo de pobreza o exclusión social.

Lejos de mejorar la situación, según los datos del segundo trimestre de la EPA, el porcentaje de personas en desempleo que lleva más de un año buscando un trabajo ha aumentado en 0,4 puntos, hasta el 47,8% de las personas desempleadas, creciendo también (2 puntos) el número de personas que llevan buscando empleo más de dos años (32,7%), algo que asienta una tendencia negativa. Además, las demandas de empleo de personas desempleadas de larga duración (superior a un año) suponen el 8,95% de las colocaciones, pese a que suman casi el 48% de las personas paradas registradas, y solo un 3,14% del total de esas colocaciones se produjo por una oferta publicada en los Servicios Públicos de Empleo, mostrando la clara correlación negativa entre tiempo en desempleo y posibilidad de encontrarlo.

Políticas Activas de Empleo más eficaces

Para UGT, la solución ante este drama social está clara: resulta imprescindible mejorar en el trámite parlamentario una Ley de Empleo insuficiente y que se ha aprobado sin diálogo social, mediante el impulso de Políticas Activas de Empleo más eficaces, que se adapten a la realidad específica de cada persona y logren una rápida reinserción laboral para todas ellas. Para ello, resulta fundamental que la nueva Ley de Empleo establezca un proceso de evaluación de estas políticas, así como un incremento de la financiación, hasta niveles adecuados y suficientes, junto a criterios vinculantes para su aplicación en los distintos territorios del país.

En este sentido, UGT denuncia que de los dos instrumentos de las políticas activas de empleo (servicios y programas), los primeros prácticamente no se realizan a pesar de que son básicos (los cimientos) sobre los que deberían descansar los segundos. Los servicios de empleo son esenciales para saber las necesidades de cada una de las personas desempleadas y las necesidades de empleo del tejido productivo. Sin ellos, no hay forma de conocer qué acciones de reciclaje se necesitan, qué personas tienen un perfil adecuado o no para el empleo y por qué, y qué tipo de empleos están demandando las empresas. En consecuencia, su carencia está en la base de la ineficaz intermediación laboral.

Para el sindicato, es imprescindible mejorar esta ley para que las personas paradas de larga duración, sin posibilidad desde hace tiempo de obtener un empleo, atrapadas en una espiral que no sólo compromete su supervivencia económica (algo ya de por si grave), sino que daña su salud mental, merma su papel en la sociedad y, por ende, su dignidad, lo consigan. Los desempleados de larga y muy larga duración están fuera del sistema, expulsados de la sociedad, con el sentimiento permanente de no ser válidos, de ser prescindibles e, incluso, de ser invisibles, y esto no se puede tolerar. Una sociedad justa, inclusiva y desarrollada, no puede asumir una cifra de más de dos millones de personas sin la esperanza de un desarrollo digno de su Estado de Bienestar.