Hoy se celebra el Día Mundial del Ictus o accidente cerebrovascular, más conocido como derrame cerebral.
Analizando las causas de los accidentes mortales durante la jornada de trabajo, se observa que, entre las dos primeras causas, se encuentran los derrames cerebrales con 169 personas fallecidas de un total de 489 personas trabajadoras que han muerto durante los ocho primeros meses de 2025.
El ictus es la primera causa de discapacidad en España y la segunda causa de mortalidad en la población española, siendo la primera entre mujeres.
Es clave que las empresas garanticen una buena salud mental para prevenir el ictus entre sus plantillas.
Queremos alertar que esta patología está muy relacionada con las condiciones de trabajo y la exposición a riesgos psicosociales de origen laboral.
El estrés laboral, los problemas de conciliación personal y laboral debido a largas jornadas de trabajo, la falta de desconexión digital, el trato con clientes o usuarios, la violencia y el acoso en el puesto de trabajo, etc. son factores de riesgos que deben evaluarse.
Según el Informe “Precariedad laboral y salud mental” del Ministerio de Trabajo y Economía Social, la ansiedad y la depresión son los dos principales cuadros clínicos responsables de la carga de enfermedad de los problemas de salud mental.
En Iberdrola, lamentablemente hemos sufrido de esta grave dolencia y hemos tenido que pelear para que el ictus se declare accidente laboral cuando ocurre en el trabajo. Así, en mayo de 2023, el Tribunal Superior de Justicia condenó a Iberdrola por intentar que un ictus durante la jornada laboral se declarase enfermedad común. También con éxito hemos presentado en la Seguridad Social reclamaciones de cambios de contingencia por el mismo motivo, cuando la mutua ha intentado evitar declarar accidente laboral ictus acontecidos durante la jornada laboral.
UGT recuerda la importancia de que las empresas cumplan con la legislación en materia de seguridad y salud en el trabajo, realicen las evaluaciones de riesgos psicosociales y apliquen las medidas preventivas necesarias para evitar daños a las personas trabajadoras y advierte de que los riesgos psicosociales son los menos evaluados de todos.
Actualmente, más de 360.000 personas tienen reconocida una discapacidad por haber padecido un ictus.
