UGT considera que el informe de la Comisión de Expertos publicado hoy avala un incremento del Salario Mínimo Interprofesional (SMI) del 10% para el año próximo, situándolo en los 1.100 euros. Además, incluye la recomendación de revisar semestralmente su cuantía en caso de que se vea desbordado por el IPC
La Unión General de Trabajadoras y Trabajadores señala que el segundo informe realizado por la Comisión Asesora para el Análisis del SMI del Ministerio de Trabajo aporta cálculos, análisis y recomendaciones útiles para la determinación de un salario mínimo interprofesional para 2023 que se sitúe en una cuantía equivalente al 60% del salario medio, tal como venimos promoviendo los sindicatos y como se comprometió el Gobierno.
De esta forma, UGT insiste en que el incremento para 2023 debe tener en cuenta especialmente el contexto de elevada inflación existente, que repercute más sobre los hogares con rentas bajas, entre los que se encuentran quienes perciben el SMI, con lo que es fundamental tener en cuenta que la inflación media en 2022 hasta el mes de noviembre es del 8,6%.
Leer másAna García de la Torre reivindica la negociación colectiva como elemento indispensable para evitar accidentes laborales de tráfico
La Secretaria de Salud Laboral de UGT, Ana García de la Torre, ha participado en la jornada “Seguridad Laboral al volante: Prevención y Nuevos Desafíos”, donde ha recordado que “desde 2013 han muerto en nuestro país más de 6.700 personas trabajadoras en accidente laboral y, que sólo en 2021 se produjeron 77.323 accidentes in itinere con baja”.
“El 58% de los accidentes in itinere fueron causados por accidentes de tráfico, lo que supone 44.720 accidentes”, ha explicado, “De los más de 77.000 accidentes in itinere, 130 fueron mortales y, 116 muertes se debieron a accidentes laborales de tráfico in itinere, lo que supone el 89% de los casos”.
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UGT señala que el aumento de la robótica, sin mediar remedios sociales, genera desempleo neto y precariza las condiciones de trabajo. Por ello, el sindicato reclama poner en marcha la jornada laboral de 32 horas semanales, sin pérdida de poder adquisitivo; un plan de recualificación profesional, técnica y digital para la población trabajadora, nuevos sistemas fiscales y de cotizaciones sociales, con nuevas figuras centradas en la economía digital; y un nuevo sistema de rentas para las personas que no se puedan adaptar a esta nueva realidad
El último informe de la Universidad Autónoma de Barcelona y la Fundación IMAN confirma una tendencia imparable: la robotización está reduciendo empleo y bajando los salarios. No es un caso sólo aplicable a España y no se trata de una evidencia nueva (en China se ha comprobado una reducción del 9% en los salarios y de un -7,5% en el volumen de empleo. Y en 2019 ya advertíamos que, por cada nuevo robot industrial, se destruyen casi dos empleos).
Mari Carmen Barrera reivindica en el CESE una transición justa y centrada en las personas
La Secretaria de Políticas Europeas de UGT, Mari Carmen Barrera ha intervenido en la reunión conjunta de los tres observatorios del Comité Económico y Social Europeo (CESE): el Observatorio Mercado de Trabajo, el de Transición Digital y Mercado Único y el de Desarrollo Sostenible donde ha incidido en que la emergencia climática y la situación de incertidumbre generada por la guerra en Ucrania y el mercado energético están obligando a la UE a acelerar el proceso de transición del modelo productivo.
En su intervención, Mari Carmen Barrera ha explicado que “los riesgos ambientales y energéticos afectan a las actividades económicas y al conjunto de las medidas políticas relacionadas, con un alto impacto en las regiones, sectores económicos, trabajadores y grupos de población más vulnerables, de ahí la importancia de lograr una economía climáticamente neutra y basada en energía limpia procedente de fuentes renovables”.
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Los datos del paro del mes de noviembre vuelven a constatar, un mes más, que la reforma laboral funciona, pues crece el empleo y su calidad. Aun así, no hay que conformarse: se precisan políticas activas más eficaces para acabar con el paro de larga duración y salarios justos que garanticen el poder adquisitivo de las personas trabajadoras, máxime teniendo en cuenta el incremento de los precios y de los márgenes empresariales. De lo contrario, continuará el conflicto.
Los datos de paro registrado publicados por el Servicio Público de Empleo (SEPE) y los de afiliación a la Seguridad Social muestran un descenso del 33.512 personas desempleadas, en el mes de noviembre. Se trata de unos datos tan positivos como poco habituales, puesto que noviembre es un mes donde tradicionalmente hay un aumento del paro. Además, se registró un aumento de la afiliación en términos desestacionalizados de 78.695 personas. Esta mejora en la cantidad del empleo se produce a la vez que la reforma laboral muestra uno de sus efectos más importantes, la mejora en la calidad del empleo. Rechaza ampliar el periodo de cálculo de las pensiones porque supondría recortes en la cuantía UGT rechaza la propuesta del Gobierno de subir el periodo de cálculo de las pensiones de 25 a 30 años y le emplaza a impulsar, en el marco del diálogo social, una reforma integral que refuerce los derechos de los pensionistas, mejore las pensiones mínimas, impulse los ingresos de la Seguridad Social, y avance en la equidad del sistema, con medidas para reducir la brecha de género en pensiones. En la mesa de diálogo social sobre pensiones que se celebró ayer el Ejecutivo planteó subir el periodo de cómputo de las pensiones en 5 años, pasando de los 25 años actuales a 30 (si bien se pueden descartar los dos peores años de cotización) y estableció un largo periodo transitorio, desde 2027 a 2038. Una propuesta que UGT rechaza frontalmente porque supone un recorte en la cuantía de las pensiones, algo totalmente inaceptable. Conviene recordar, no obstante, que gracias a la presión sindical el Gobierno ha retirado su propuesta inicial de que el periodo de cálculo fuera hasta los 35 años (lo que supondría 10 años más de cotización)
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UGT aboga por una reforma integral que mejore los derechos de los pensionistas