UGT y CCOO han concluido su propuesta unitaria en relación con los salarios que defenderán en la mesa de diálogo social abierta con CEOE y CEPYME para concertar el Acuerdo para el Empleo y la Negociación Colectiva 2022-2024. Proponen incluir en los convenios colectivos una cláusula de revisión salarial que combine dos criterios: le evolución del poder de compra de los salarios y la situación económica de las empresas, medida por la evolución de su margen de beneficios y fijan subidas salariales iniciales para cada año del 5% en 2022, 4,5% en 2023 y 3,75% en 2024.

La cláusula de recuperación salarial operará preferentemente al cierre de cada uno de los años, y en todo caso serán los propios convenios colectivos los que pudieran establecer otras secuencias de entrada en vigor de la cláusula.

Ambos sindicatos proponen también una mejora del Sistema de Información Económica para la Negociación Colectiva (SIENC) que debe basarse en fuentes oficiales y registros actuales.
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El avance de IPC del mes de febrero destaca la ineficiencia de las reducciones de IVA de algunos productos, debido al aumento de los precios por parte de las empresas, y pone de manifiesto la necesidad de subir los salarios de manera inmediata

El IPC adelantado para el mes de febrero, publicado hoy por el INE, sitúa la tasa general de precios en un 6,1%, dos décimas más que en enero, como consecuencia del repunte del precio de la electricidad. Por su parte, la tasa subyacente, que recoge la inflación de componente estructural, aumenta también dos décimas respecto al mes anterior, alcanzando una variación anual del 7,7% que, de confirmarse, sería la más elevada desde diciembre de 1986.

En este sentido, el INE destaca también el encarecimiento de los alimentos, lo cual demuestra, para la Unión General de Trabajadoras y Trabajadores, que las reducciones en el IVA de los alimentos no están teniendo el impacto esperado, ya que este grupo continúa liderando la presión al alza de los precios en el momento actual. La falta de competencia en mercados oligopolizados, como el de la distribución alimentaria, permite a las empresas fijar precios abusivos en detrimento del interés general de la ciudadanía. Por ello, UGT reclama la necesidad de actuar en varias direcciones: estableciendo topes de precios, modificando la regulación de algunos mercados e intensificando el control sobre los márgenes establecidos por las empresas.
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El Pleno del CESE aprueba un dictamen de UGT sobre el impacto de la transición energética en el empleo 

La secretaria de Políticas Europeas de UGT, Mari Carmen Barrera, ha defendido un Dictamen sobre Política energética y mercado laboral: consecuencias para el empleo en las regiones en transición energética en el Plenario del Comité Económico y Social Europeo que ha sido aprobado.

Mari Carmen Barrera ha explicado que desde que se planteó el paquete de medidas Fit for fifty five, no se ha tenido en cuenta debidamente el impacto de la transición en el empleo algo que debe remediarse porque “sin garantías de empleo sostenible, protección social y ayudas a las empresas por la transición, no habrá futuro competitivo y saludable para Europa”.

Barrera ha subrayado que “la Comisión y los estados miembros deben poner en el centro de todas las políticas la transición el empleo y la protección social y, para ello, es necesario que la UE acelere la transición hacia una energía limpia pues con la dependencia de los combustibles fósiles existen riesgos ambientales y energéticos que afectan a las actividades económicas y al conjunto de las medidas políticas relacionadas, con un alto impacto en las regiones, sectores económicos, trabajadores y grupos de población más vulnerables”.
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Ana García de la Torre reclama la aprobación de la Estrategia Española para la Seguridad y Salud en el Trabajo y pide al Ministerio de Trabajo que no mire para otro lado y convoque una mesa de diálogo social para abordar un auténtico Plan de Choque contra la siniestralidad laboral.

UGT ha querido visibilizar el drama real y escalofriante de la siniestralidad laboral, que ha causado la muerte a 826 personas en 2022, según datos provisionales, y ha convocado una rueda de prensa, en la que han participado: la secretaria de Salud Laboral, Ana García de la Torre y los responsables de salud laboral en las distintas Federaciones: Álvaro Vicioso Alfaro (FeSMC-UGT), Pilar Ituero de la Calle (UGT-FICA) y José María Cobano Núñez (UGT-Servicios Públicos) con el fin del analizar a nivel nacional y sectorial estos datos. 

Todos ellos han denunciado que la seguridad y salud en el trabajo sigue siendo una cuestión de segundo orden para las Administraciones Públicas y las empresas; el incumplimiento de la normativa por parte de las empresas (que entienden la prevención solo como un mero formulismo, para evitar sanciones) ; la excesiva externalización en la gestión de la prevención de riesgos laborales; cómo influye la precariedad en el incremento de la siniestralidad; y la falta de inversión y recursos, algo que se constata en los insuficientes medios con los que cuenta la Inspección de Trabajo y Seguridad Social.
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En abril de 2015 se promulgo la ley de seguridad ciudadana, conocida popularmente como la 'ley mordaza', principalmente para frenar las fuertes protestas sociales contra las políticas de austeridad que estaban desmantelando el Estado del Bienestar, organizadas en gran medida por los sindicatos de clase.

Uno de los principales compromisos del gobierno progresista fue derogar los elementos más regresivos de las libertades que contenía esta ley. Sin embargo, queda menos de un año de legislatura y el Parlamento nacional todavía no ha sido capaz de aprobar una nueva ley que regule la convivencia ciudadanía.

UGT y CCOO reclaman que en esta legislatura se apruebe una ley que entienda la seguridad ciudadana “como el más pleno disfrute de los derechos fundamentales y de las libertades públicas”, dando prioridad a la preservación del ejercicio de derechos y libertades fundamentales. 

Una ley que:

•    Garantice el ejercicio de derecho de reunión y manifestación, restringiendo las sanciones subsidiarias a los organizadores de reuniones o manifestaciones, tal como indican las recomendaciones del Consejo de Europa.

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Los datos de IPC del mes de enero, publicados hoy por el INE, muestran una tasa anual del 5,9%, dos décimas más que el mes pasado, lo que supone un freno a la senda de moderación de precios iniciada a partir de julio de 2022, cuando se alcanzó un incremento anual del 10,8%

Por su parte, la tasa subyacente asciende al 7,5%, la más elevada desde diciembre de 1986. En este sentido, destacan los incrementos del precio del azúcar (+52,1%), la leche entera (+33,4%), la harina y otros cereales (+28,1%) o los huevos (27,2%), por lo que muchas familias trabajadoras siguen sufriendo el encarecimiento desmedido de productos básicos en la cesta habitual de la compra.

Para UGT, las medidas para contener los precios de la energía están funcionando, registrándose este mes una tasa anual del precio de la electricidad del -40%, lo cual extiende una tendencia positiva que explica la corrección en los últimos meses del alza de la tasa general de los precios. Por ello, es importante implementar otras medidas orientadas a frenar el encarecimiento sin control de otros productos, especialmente de los alimentos, ya que las grandes superficies están fijando precios y márgenes por encima de lo habitual, aprovechando la coyuntura para ampliar desproporcionadamente sus cuentas de beneficio.

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