UGT urge al gobierno a renovar y revisar las medidas tomadas en el RDL 6/2022, de 29 de marzo, actuando en aspectos clave como frenar la inflación y contener los precios, proteger a las familias y a las personas trabajadoras, así como garantizar el empleo.

El Plan Nacional de medidas urgentes tomadas a finales de marzo por el gobierno de España en respuesta a las consecuencias de la invasión de Ucrania finaliza el 30 de junio. Su efecto ha sido limitado, teniendo en cuenta que la situación macroeconómica sigue siendo de elevada incertidumbre, con amenaza de una inflación persistente que puede provocar desaceleración de la actividad económica y frenar la creación de empleo que tan buenos resultados está dando desde la aprobación de la reforma laboral.  Los asalariados han visto como su renta real ha caído y su capacidad de consumo se ha reducido significativamente, aumentando las tensiones sociales y laborales, no sólo en España, sino en toda la Unión Europea (las huelgas se han incrementado en todo el continente y todos los sectores de actividad económica).

Trabajadores y trabajadoras procedentes de todas las comunidades autónomas se unierón ayer en Madrid para gritar alto y claro "¡Pacto de Estado por la Industria! ¡YA!"

Más de diez mil trabajadoras y trabajadores de la industria exigierón ayer la adopción de una vez por todas de medidas dirigidas a frenar la pérdida de competitividad de nuestra industria y a situar al sector industrial en el centro de las políticas de todas las administraciones públicas. "La industria española no puede seguir esperando una solución que caiga del cielo", ha insistido la dirigente de UGT FICA, Patricia Ruiz, en su intervención ante los miles de manifestantes que han recorrido el centro de Madrid, desde Atocha hasta el Congreso de los Diputados, para hacer aún más visible la exigencia de los sindicatos de que es necesario acordar un Pacto de Estado por la Industria ¡Ya!

El sindicato reclama que aumente y mejore los derechos de las personas trabajadoras y sus representantes

La Unión General de Trabajadoras y Trabajadores, en respuesta a la consulta pública iniciada por el Ministerio de Trabajo y previa a la elaboración de un anteproyecto de ley (APL) de participación institucional (PI), reclama una futura Ley que aumente y mejore de forma sustancial los derechos de las personas trabajadoras y sus representantes legales.

La Participación Institucional es el derecho por el que, de acuerdo con la Constitución (CE) y las leyes, los sindicatos en representación democrática de toda las personas trabajadoras defienden sus intereses en la elaboración, gestión y control de las políticas públicas que les afectan. La CE otorgó a la representación de los intereses de los trabajadores a través de los sindicatos el máximo reconocimiento dentro de nuestro sistema político (contemplado en uno de los primeros artículos, el 7, de la Carta Magna).
Leer más

Es necesario poner en marcha cuanto antes, y con presupuestos suficientes la Estrategia nacional de Lucha contra la Desertificación

En el Día Mundial de Lucha contra la Desertificación y la Sequía, UGT insta al Gobierno a desarrollar planes de actuación con medidas destinadas, por un lado, a mejorar y reforzar las herramientas necesarias para evaluar y dar seguimiento al riesgo de desertificación y, por otro, a paliar el efecto de la sequía y la escasez del recurso, fomentando la gestión sostenible del agua.

La desertificación y sequía afectan tanto al estado de la naturaleza como a los medios de vida de millones de personas en su lucha contra la pobreza y ya en la Cumbre de la Tierra, celebrada en Río de Janeiro en 1992, se catalogaron como los mayores retos a los que se enfrenta el desarrollo sostenible. Desde entonces el problema ha seguido empeorando y hoy en día, más de 2.000 millones de hectáreas de tierras anteriormente productivas se encuentran degradadas. Algo especialmente preocupante si se tiene que en cuenta que para 2030 se estima que la producción de alimentos requerirá otros 300 millones de hectáreas adicionales de superficie.
Leer más

Una reivindicación del sindicato en línea con la Confederación Sindical Internacional

UGT celebra que la Conferencia General de la Organización Internacional del Trabajo haya incluido el entorno de trabajo seguro y saludable entre sus principios y derechos fundamentales, como se reclamaba desde el sindicato en línea con la Confederación Sindical Internacional. Una novedad que constituye la primera ampliación de los derechos humanos fundamentales de los trabajadores en un cuarto de siglo.

En la Declaración del Centenario de la OIT para el Futuro del Trabajo, adoptada en 2019, la Conferencia declaró que las condiciones de trabajo seguras y saludables son fundamentales para el trabajo decente y en base a esto, la Conferencia ha adoptado esta Resolución en el marco de la OIT. 

La OIT indica que, para lograr un entorno de trabajo seguro y saludable, se requiere la participación activa de los Gobiernos, las empresas y las personas trabajadoras mediante un sistema de derechos, responsabilidades y deberes bien definidos, así como mediante el diálogo social y la cooperación.
Leer más

Los datos revelan que en cuanto aumenta la actividad, aumentan los accidentes laborales

Los datos facilitados por el Ministerio de Trabajo y Economía Social, correspondientes a los cuatro primeros meses de 2022, destacan que se han producido 366.656 accidentes de trabajo, de los que 194.207 han causado la baja laboral del trabajador (un 10% más) y 172.449 no han producido incapacidad temporal (experimentando una disminución del 2,3%).

Además, 258 accidentes acabaron con el fallecimiento de la persona trabajadora, una cifra que ha aumentado en un 22,3% respecto a los datos de avance de abril de 2021, y supone 47 muertes más.

Por ello, UGT mantiene que hay que seguir con detenimiento la evolución de esta estadística ya que parece que se confirma la tendencia iniciada en 2021 tras la vuelta a la actividad de aumento de los accidentes con baja y pone de relieve que la seguridad y salud en el trabajo se está dejando en un segundo plano en las empresas y no funcionan los mecanismos preventivos. En cuanto aumenta la actividad, aumenta la siniestralidad.