Mari Carmen Barrera reivindica en el CESE una transición justa y centrada en las personas  

La Secretaria de Políticas Europeas de UGT, Mari Carmen Barrera ha intervenido en la reunión conjunta de los tres observatorios del Comité Económico y Social Europeo (CESE): el Observatorio Mercado de Trabajo, el de Transición Digital y Mercado Único y el de Desarrollo Sostenible donde ha incidido en que la emergencia climática y la situación de incertidumbre generada por la guerra en Ucrania y el mercado energético están obligando a la UE a acelerar el proceso de transición del modelo productivo. 

En su intervención, Mari Carmen Barrera ha explicado que “los riesgos ambientales y energéticos afectan a las actividades económicas y al conjunto de las medidas políticas relacionadas, con un alto impacto en las regiones, sectores económicos, trabajadores y grupos de población más vulnerables, de ahí la importancia de lograr una economía climáticamente neutra y basada en energía limpia procedente de fuentes renovables”.
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Los datos del paro del mes de noviembre vuelven a constatar, un mes más, que la reforma laboral funciona, pues crece el empleo y su calidad.  Aun así, no hay que conformarse: se precisan políticas activas más eficaces para acabar con el paro de larga duración y salarios justos que garanticen el poder adquisitivo de las personas trabajadoras, máxime teniendo en cuenta el incremento de los precios y de los márgenes empresariales. De lo contrario, continuará el conflicto.

Los datos de paro registrado publicados por el Servicio Público de Empleo (SEPE) y los de afiliación a la Seguridad Social muestran un descenso del 33.512 personas desempleadas, en el mes de noviembre. Se trata de unos datos tan positivos como poco habituales, puesto que noviembre es un mes donde tradicionalmente hay un aumento del paro. Además, se registró un aumento de la afiliación en términos desestacionalizados de 78.695 personas. Esta mejora en la cantidad del empleo se produce a la vez que la reforma laboral muestra uno de sus efectos más importantes, la mejora en la calidad del empleo.
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Rechaza ampliar el periodo de cálculo de las pensiones porque supondría recortes en la cuantía

UGT rechaza la propuesta del Gobierno de subir el periodo de cálculo de las pensiones de 25 a 30 años y le emplaza a impulsar, en el marco del diálogo social, una reforma integral que refuerce los derechos de los pensionistas, mejore las pensiones mínimas, impulse los ingresos de la Seguridad Social, y avance en la equidad del sistema, con medidas para reducir la brecha de género en pensiones.

En la mesa de diálogo social sobre pensiones que se celebró ayer el Ejecutivo planteó subir el periodo de cómputo de las pensiones en 5 años, pasando de los 25 años actuales a 30 (si bien se pueden descartar los dos peores años de cotización) y estableció un largo periodo transitorio, desde 2027 a 2038. Una propuesta que UGT rechaza frontalmente porque supone un recorte en la cuantía de las pensiones, algo totalmente inaceptable. Conviene recordar, no obstante, que gracias a la presión sindical el Gobierno ha retirado su propuesta inicial de que el periodo de cálculo fuera hasta los 35 años (lo que supondría 10 años más de cotización)

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José Varela ha defendido sanciones disuasorias e incluir el derecho a la desconexión en la Ley de Prevención de Riesgos Laborales 

El Responsable de Digitalización de UGT, José Varela, ha intervenido en el Congreso Internacional de la Facultad de Ciencias Jurídicas y Económicas de la Universidad Jaume I de Castellón dedicado a los “Límites a la conectividad permanente en el trabajo: salud y competitividad empresarial” con una ponencia sobre la “Desconexión digital: de derecho incumplido a legado traumático”. 

José Varela ha destacado que, “en España, al menos un 25% de nuestra fuerza laboral trabaja con dispositivo conectado a Internet para fines empresariales y que, en 2022, el porcentaje de personal al que su empleador le proporciona un dispositivo portátil que permite la conexión móvil a Internet, con fines laborales, alcanzó el 42,75%, con varios sectores que superan ampliamente el 70%”.
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Con motivo del Día Mundial en Recuerdo de las Víctimas de Accidentes de Tráfico, que se celebra hoy, 20 de noviembre, la Unión General de Trabajadoras y Trabajadores reivindica la necesidad de proteger, tanto social como laboralmente, a la población trabajadora y mejorar las condiciones de trabajo, ya que 216 personas trabajadoras fallecieron en 2021 como consecuencia de accidentes laborales de tráfico.

UGT recuerda que, según los datos de accidentes de trabajo, 216 personas trabajadoras murieron en 2021 por accidentes laborales de tráfico. 100 de estas muertes sucedieron durante la jornada laboral, aumentando en un 17,6% con 15 muertes más que en 2020, y 116 muertes fueron in itinere, registrando un aumento del 5,5% con 6 muertes más que las que sucedieron durante 2020.

Para el sindicato, mejorar la prevención del riesgo laboral vial debe ser una prioridad para las empresas, que deben contar con planes de movilidad con el fin de reducir los accidentes laborales de tráfico.

La no aprobación de la exención tributaria a las indemnizaciones en la tramitación parlamentaria de las enmiendas discrimina a las víctimas del amianto respecto a otros colectivos que sí gozan de esta prerrogativa y convierte al Fondo en un instrumento ineficaz para compensar a las personas que perdieron la salud y la vida por su exposición a este agente cancerígeno

La Federación Estatal de Asociaciones de Víctimas del amianto, UGT y CCOO hemos tenido conocimiento de la decisión del Gobierno de comunicar a la Mesa del Congreso de los Diputados el veto a las enmiendas presentadas por los grupos parlamentarios de UP, PP, ERC y EH Bildu a la Ley de los Presupuestos Generales del Estado para 2023 que proponían el establecimiento de una exención tributaria para las indemnizaciones previstas en la recientemente aprobada Ley 21/2022, de 19 de octubre, de creación de un fondo de compensación para las víctimas del amianto. Dicho veto se apoya en el artículo 134.6 de la Constitución Española que prevé que “toda proposición o enmienda que suponga aumento de los créditos o disminución de los ingresos presupuestarios requerirá la conformidad del Gobierno para su tramitación”.