El Juzgado de lo Social número 14 de Madrid ha declarado la relación laboral de 2.166 personas repartidoras.
Es la primera sentencia que sufre Amazon por su modelo laboral, llamado Amazon Flex, donde los repartidores eran obligados a trabajar con su propio vehículo para repartir paquetes utilizando una aplicación de la compañía que les indicaba la forma de trabajar.
El mismo día que se ha aprobado en el Parlamento Europeo el texto para la Directiva Europea para regular el trabajo en las plataformas digitales, el juzgado 14 de Madrid ha dado la razón a los servicios jurídicos de UGT, parte en este procedimiento, aplicando la doctrina del Tribunal Supremo del 25 de septiembre de 2020 en que se determinó la laboralidad de la relación de prestación de servicios de los repartidores de Glovo. Esto supone un avance más de la jurisprudencia como mecanismo para llegar a la correcta adaptación las nuevas modalidades de trabajo que se van generando conforme a la integración de las aplicaciones informáticas en los procesos productivos.
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La Unión General de Trabajadoras y Trabajadores acuerda, junto al Gobierno y CCOO, el aumento del Salario Mínimo Interprofesional (SMI) hasta los 1.080 euros al mes para 2023 (un 8% más), un incremento imprescindible para generar más empleo, consumo y paliar la pérdida de poder adquisitivo de la clase trabajadora durante el último año Un SMI que aumenta hasta la parte más alta del tramo sugerido por la Comisión de Expertos del Gobierno, que iba del 4,6% al 8,2%, y que se adopta sin el consenso de CEOE, algo que para el sindicato es triste, no razonable y supone un mal precedente dada la importancia que ha tenido el Diálogo Social tripartito en los últimos años para mejorar la vida de las personas. Para UGT, era una necesidad imperiosa aumentar el salario mínimo, tanto para las personas trabajadoras en general, que veían mes a mes cómo se reducía su poder adquisitivo con el aumento del nivel de los precios, como para los colectivos más vulnerables de nuestro país, como los jóvenes o un millón y medio de mujeres, que verán reducidas las diferencias salariales respecto a los hombres en el mercado de trabajo. Continúa el comportamiento abusivo de algunas empresas y sectores, que elevan sus beneficios en detrimento de las familias trabajadoras. UGT exige vigilar los márgenes empresariales y que el Gobierno suba, de manera inmediata, el SMI hasta los 1.100 euros en 2023. El IPC adelantado para el mes de enero sitúa la tasa general de precios en un 5,8%, una décima más que en diciembre. Por su parte, la tasa subyacente, que recoge la inflación de componente estructural, se dispara al 7,5%, cinco décimas más que el mes anterior y la más elevada desde diciembre de 1986. Pese a la moderación de la inflación general con respecto a los meses pasados, los datos siguen reflejando cómo las grandes empresas de algunos sectores, como el de la alimentación, siguen haciendo un uso abusivo de su poder de mercado en este inicio de año, manteniendo o elevando sus beneficios y presionando al alza los precios en detrimento de las familias trabajadoras. Pepe Álvarez interviene en la apertura de las Jornadas “La transformación del sistema productivo”, organizadas por UGT FICA y la Fundación Anastasio de Gracia, los días 25 y 26 de enero, en Algeciras. El Secretario General de UGT, Pepe Álvarez, ha manifestado que los fondos de recuperación son una oportunidad para transformar la industria de nuestro país, pero es necesario un consenso social y político para establecer una estrategia industrial. Ha valorado el anteproyecto de la ley de industria, porque será bueno para la clase trabajadoras, pero se necesita que esta ley además de ser una realidad, cuanto antes, se mantenga en el tiempo y no se cambie en función del color político del gobierno de turno. Ha recordado que el PIB industrial en España en 2021 fue del 15,3% y hay que llegar al 30% y que la industria emplea a más de dos millones de trabajadores y trabajadoras. Asimismo, ha apelado a potenciar la industria desde la colaboración público-privada. Se deberá contar con la colaboración de empresas matrices y también con las pymes de nuestro país. Los datos de accidentes de trabajo hasta noviembre, publicados por el Ministerio de Trabajo y Economía Social, reflejan 770 personas fallecidas en accidente laboral, 121 más que las registradas en el mismo periodo de 2021, lo que lleva peligrosamente a poder superar las 800 muertes como consecuencia del trabajo en el año 2022 Ante esta situación, UGT reclama la necesidad de tomar medidas drásticas para que en este 2023 no se repitan, o peor aún, aumenten las cifras de accidentes de trabajo en nuestro país, con la implantación de la nueva Estrategia Española de Seguridad y Salud en el Trabajo, así como dotarla de recursos económicos suficientes para acabar con la lacra de la siniestralidad. El Gobierno debe abrir una mesa de diálogo social en materia de siniestralidad laboral para acordar medidas urgentes que pongan fin a esta situación, que articule un Plan de choque contra la siniestralidad laboral de forma inmediata, en el que no pueden faltar acciones para mejorar la gestión preventiva de los riesgos psicosociales de origen laboral, ya que la primera causa de muerte por accidente de trabajo son las patologías no traumáticas que pueden estar relacionadas con la exposición a estos riesgos. La importancia de la salud mental de las personas trabajadoras debe ponerse en el centro del debate. El sindicato valora que el debate en torno a la salud mental y exige medidas urgentes para proteger a las personas trabajadoras En el Día Mundial de Lucha Contra la Depresión UGT reclama pasar a la acción de forma inmediata para proteger de forma efectiva la salud mental de las personas trabajadoras y recuerda que la depresión es un trastorno emocional que afecta a cerca de 300 millones de personas en el mundo. El sindicato celebra que los problemas de salud mental estén siendo objeto de debate social en la actualidad puesto que han sido una asignatura pendiente tanto en el terreno de la salud pública como en el de la salud laboral, siendo los grandes olvidadas en los entornos preventivos. Sin embargo, denuncia que el aumento de la demanda asistencia en salud mental está tensionando los servicios y deteriorando mucho su calidad. La insistencia sindical consigue aumentar el SMI hasta los 1.080 euros
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Hay que limitar los márgenes empresariales abusivos y subir ya el SMI
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Es necesario un Pacto de Estado por la Industria
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Siniestralidad laboral: casi 800 fallecidos hasta noviembre
UGT reclama una Directiva que regule los riesgos psicosociales en los centros
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