Rechaza ampliar el periodo de cálculo de las pensiones porque supondría recortes en la cuantía

UGT rechaza la propuesta del Gobierno de subir el periodo de cálculo de las pensiones de 25 a 30 años y le emplaza a impulsar, en el marco del diálogo social, una reforma integral que refuerce los derechos de los pensionistas, mejore las pensiones mínimas, impulse los ingresos de la Seguridad Social, y avance en la equidad del sistema, con medidas para reducir la brecha de género en pensiones.

En la mesa de diálogo social sobre pensiones que se celebró ayer el Ejecutivo planteó subir el periodo de cómputo de las pensiones en 5 años, pasando de los 25 años actuales a 30 (si bien se pueden descartar los dos peores años de cotización) y estableció un largo periodo transitorio, desde 2027 a 2038. Una propuesta que UGT rechaza frontalmente porque supone un recorte en la cuantía de las pensiones, algo totalmente inaceptable. Conviene recordar, no obstante, que gracias a la presión sindical el Gobierno ha retirado su propuesta inicial de que el periodo de cálculo fuera hasta los 35 años (lo que supondría 10 años más de cotización)

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José Varela ha defendido sanciones disuasorias e incluir el derecho a la desconexión en la Ley de Prevención de Riesgos Laborales 

El Responsable de Digitalización de UGT, José Varela, ha intervenido en el Congreso Internacional de la Facultad de Ciencias Jurídicas y Económicas de la Universidad Jaume I de Castellón dedicado a los “Límites a la conectividad permanente en el trabajo: salud y competitividad empresarial” con una ponencia sobre la “Desconexión digital: de derecho incumplido a legado traumático”. 

José Varela ha destacado que, “en España, al menos un 25% de nuestra fuerza laboral trabaja con dispositivo conectado a Internet para fines empresariales y que, en 2022, el porcentaje de personal al que su empleador le proporciona un dispositivo portátil que permite la conexión móvil a Internet, con fines laborales, alcanzó el 42,75%, con varios sectores que superan ampliamente el 70%”.
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Con motivo del Día Mundial en Recuerdo de las Víctimas de Accidentes de Tráfico, que se celebra hoy, 20 de noviembre, la Unión General de Trabajadoras y Trabajadores reivindica la necesidad de proteger, tanto social como laboralmente, a la población trabajadora y mejorar las condiciones de trabajo, ya que 216 personas trabajadoras fallecieron en 2021 como consecuencia de accidentes laborales de tráfico.

UGT recuerda que, según los datos de accidentes de trabajo, 216 personas trabajadoras murieron en 2021 por accidentes laborales de tráfico. 100 de estas muertes sucedieron durante la jornada laboral, aumentando en un 17,6% con 15 muertes más que en 2020, y 116 muertes fueron in itinere, registrando un aumento del 5,5% con 6 muertes más que las que sucedieron durante 2020.

Para el sindicato, mejorar la prevención del riesgo laboral vial debe ser una prioridad para las empresas, que deben contar con planes de movilidad con el fin de reducir los accidentes laborales de tráfico.

La no aprobación de la exención tributaria a las indemnizaciones en la tramitación parlamentaria de las enmiendas discrimina a las víctimas del amianto respecto a otros colectivos que sí gozan de esta prerrogativa y convierte al Fondo en un instrumento ineficaz para compensar a las personas que perdieron la salud y la vida por su exposición a este agente cancerígeno

La Federación Estatal de Asociaciones de Víctimas del amianto, UGT y CCOO hemos tenido conocimiento de la decisión del Gobierno de comunicar a la Mesa del Congreso de los Diputados el veto a las enmiendas presentadas por los grupos parlamentarios de UP, PP, ERC y EH Bildu a la Ley de los Presupuestos Generales del Estado para 2023 que proponían el establecimiento de una exención tributaria para las indemnizaciones previstas en la recientemente aprobada Ley 21/2022, de 19 de octubre, de creación de un fondo de compensación para las víctimas del amianto. Dicho veto se apoya en el artículo 134.6 de la Constitución Española que prevé que “toda proposición o enmienda que suponga aumento de los créditos o disminución de los ingresos presupuestarios requerirá la conformidad del Gobierno para su tramitación”.

El IPC del mes de octubre refleja una positiva ralentización del crecimiento de los precios, aún insuficiente en relación a la pérdida continuada de poder adquisitivo de la clase trabajadora 

Los datos de IPC del mes de octubre, publicados hoy por el INE, sitúan la tasa anual en el 7,3%, confirmando la cifra avanzada por el indicador adelantado, lo que constata efectivamente una positiva ralentización del ritmo de crecimiento del índice general de precios.

Esta moderación viene motivada por el comportamiento del precio de los productos energéticos que, aunque siguen registrando valores muy elevados, ha disminuido considerablemente en los últimos meses a raíz de que se pusiera en marcha el tope al precio del gas. Una medida que, si bien podría haber ido más lejos, está dando resultados rebajando la factura eléctrica y moderando la inflación por debajo de la media de la Eurozona (estimada en un 10,7% para octubre) y de la mayoría de sus miembros.
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Pepe Álvarez defiende situar la representación de los trabajadores y las trabajadoras desde una perspectiva estrictamente democrática

El Secretario General de UGT, Pepe Álvarez, ha inaugurado hoy la IX Jornada Confederal de UGT de Representación y Libertad Sindical, que se celebra bajo el título: “El futuro de las comisiones ad hoc (artículo 41 del ET)”.

Pepe Álvarez ha resaltado la importancia de la representación sindical en las empresas y su legitimación porque es la “base fundamental no sólo de la acción sindical sino de la propia sociedad, el mundo laboral y la democracia”. 

“Los sindicatos somos un elemento estructural de las relaciones laborales y no se nos puede sustituir” ha señalado y “las reformas de José Luis Rodríguez Zapatero y Mariano Rajoy en 2010 y 2012, respectivamente, situaron las comisiones ad hoc, sin la participación sindical, como una manera de vulnerar el derecho a la libertad sindical o, en su caso, debilitarlo”.